El aspirante por la coalición Todos por México, José Antonio Meade, afirmó que para resolver este problema es necesario darle autonomía a los Ministerios Públicos y desvincularlos del Poder Ejecutivo.
Puso como ejemplo a Italia, Hong Kong y Singapur, donde cambiaron leyes para recuperar lo robado y aplicaron evaluaciones efectivas para observar la evolución patrimonial de los funcionarios.
El abanderado de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, aseguró que enfrentará este fenómeno mediante dos vías: una Fiscalía Anticorrupción autónoma, que acompañará con la modificación del Artículo 102 de la Constitución para que el titular sea elegido de forma independiente, y la creación de una Comisión de la Verdad que cuente con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El representante del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, insistió en que desterrar la corrupción implicará realizar una revolución pacífica en la que se ponga la honestidad como forma de vida y gobierno. Ofreció una administración austera, sin lujos ni despilfarros a costa de los ciudadanos.
Sin embargo, mientras el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, subrayó que los tres tocaron temas importantes en la agenda del sector privado, el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Daniel Curiel, resaltó que está de acuerdo con las iniciativas de Meade y Anaya, pero no con las de López Obrador.
El presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Xavier Orendáin de Obeso, destacó que hizo falta que hicieran propuestas concretas para mejorar el Sistema Nacional Anticorrupción.
Ayer, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presentó el Índice de riesgos de corrupción, en el que indicó que CompraNet es incompleto e insuficiente porque no funciona como herramienta de control y vigilancia, ni como plataforma que haga más eficientes las contrataciones públicas.
El organismo añadió que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) son las tres entidades con más Unidades Compradoras (UC) en riesgo de caer en corrupción.
